La ACLU de Indiana presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., alegando que siete estudiantes internacionales vieron su estatus legal cancelado sin previo aviso ni posibilidad de defensa. La organización sostiene que la decisión viola el derecho constitucional al debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda. La demanda, presentada el martes, solicita restablecer el estatus estudiantil de los afectados y frenar de inmediato las acciones del DHS mediante una orden de restricción temporal.
Entre los estudiantes figuran seis ciudadanos chinos de universidades como Purdue e Indiana, y un nigeriano de la Universidad de Notre Dame. Algunos estaban próximos a graduarse, pero recibieron correos electrónicos informándoles que su visa había sido revocada, dejándolos en riesgo de deportación. La ACLU afirma que incluso quienes enfrentaron cargos menores no cumplen los requisitos legales para una cancelación de visa, que exige una condena por delito violento con una sentencia potencial superior a un año.
Organizaciones como Exodus Refugee Immigration, aunque no involucradas directamente, han advertido que estos casos revelan una falta sistemática de garantías legales. La directora legal de Exodus, Rachel Van Tyle, subrayó que todos los estudiantes, incluso los acusados, deberían tener la oportunidad de responder antes de perder su estatus. “Pensé que perseguirían a criminales peligrosos. No es eso lo que está ocurriendo”, declaró. La demanda añade presión al gobierno federal, acusado de aplicar políticas migratorias sin el debido respaldo legal.
