Grupos de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y activistas de derechos civiles se manifestaron este lunes en San Francisco, donde se llevó a cabo la primera audiencia de una demanda contra la cancelación del programa. La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, afectaría a miles de venezolanos y haitianos que dependen de esta protección humanitaria.
Los demandantes buscan bloquear el fin del programa antes del 2 de abril, fecha en la que expira la ayuda para estos inmigrantes. Argumentan que la cancelación carece de base legal y está motivada por prejuicios raciales. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han respaldado la demanda, subrayando el impacto que tendría la decisión en más de un millón de personas.
El gobierno de Trump defiende la eliminación del TPS como parte de su política migratoria, sosteniendo que estas protecciones eran temporales y deben finalizar. Sin embargo, los beneficiarios insisten en que regresar a sus países pondría en riesgo sus vidas.
La batalla legal sigue en curso mientras los afectados esperan una resolución antes del vencimiento del programa.
