Una jueza federal en California ordenó restablecer temporalmente la asistencia legal para miles de menores migrantes no acompañados en EE. UU., tras la decisión del gobierno de Donald Trump de suspender el programa.
La medida, emitida el martes por la jueza Araceli Martínez-Olguín, responde a una demanda de 11 organizaciones que advierten que más de 26.000 menores quedarían sin representación. La orden judicial entra en vigor este miércoles y se mantendrá hasta el 16 de abril.
El gobierno había cancelado un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, encargado de proporcionar asistencia legal a estos menores mediante una red de grupos subcontratados.
Las organizaciones demandantes argumentan que la administración violó una ley de 2008 contra la trata de personas, que obliga a garantizar apoyo legal a niños migrantes en situación vulnerable. La jueza respaldó esta postura, señalando que el financiamiento de la representación legal favorece la equidad y la eficiencia del sistema migratorio.
Este fallo representa el tercer revés judicial para las políticas migratorias de Trump en menos de una semana.
Recientemente, otro tribunal dictaminó que los migrantes con órdenes de deportación definitivas deben tener una oportunidad para impugnar su expulsión a terceros países.
Además, un juez en San Francisco bloqueó la suspensión de protecciones a cientos de miles de venezolanos. Mientras tanto, el gobierno sostiene que no está obligado a financiar estos servicios y que las organizaciones pueden ofrecer asistencia legal de manera gratuita.
