Estados Unidos afirmó que todos los países tienen la obligación de aceptar el retorno de sus ciudadanos que se encuentran en situación irregular en su territorio. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que la medida aplica para todas las naciones, “incluyendo Venezuela”, en respuesta a las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien acusó a Washington de dañar las relaciones bilaterales al revocar la licencia petrolera de Chevron.
Maduro afirmó que la decisión de la Casa Blanca afectó los vuelos programados para repatriar migrantes venezolanos. Según el gobierno de Trump, la cancelación del acuerdo se debió a que Venezuela no cumplió con la recepción de deportados al ritmo acordado, además de no garantizar condiciones justas para las elecciones presidenciales de 2024.
A finales de enero, el enviado especial Richard Grenell viajó a Caracas para presionar a Maduro y logró la liberación de seis ciudadanos estadounidenses, además de facilitar la deportación de 609 migrantes venezolanos en las semanas siguientes.
Desde que asumió su segundo mandato, Trump ha endurecido las políticas migratorias con el argumento de reforzar la seguridad del país. Mientras tanto, más de 7,7 millones de venezolanos han salido de su país en busca de mejores condiciones de vida, según datos de ACNUR, cifra que el gobierno de Maduro sigue cuestionando.
