El Gobierno de Donald Trump ha intensificado el uso del formulario I-9 para rastrear y deportar a inmigrantes indocumentados en su estrategia contra la inmigración irregular. Esta herramienta, exigida a los empleadores desde 1986, verifica la identidad y elegibilidad laboral. ICE ha reforzado las auditorías en empresas de todo el país, imponiendo sanciones y procesando penalmente a quienes incumplan la normativa.
Las inspecciones comienzan con un Aviso de Inspección (NOI), otorgando a los empleadores 72 horas para presentar documentos. ICE puede solicitar registros adicionales, como nóminas y listas de empleados, y confiscar formularios de inmediato con órdenes judiciales.
Si se detectan fallos, las empresas tienen solo 10 días para corregirlos o enfrentan multas y posibles cargos penales. Esta estrategia busca disuadir la contratación de migrantes sin autorización y aumentar las deportaciones.
Recientemente, ICE arrestó a trabajadores indocumentados en Filadelfia y Mississippi durante operativos en empresas sospechosas. La agencia considera el formulario I-9 una de sus herramientas más efectivas, argumentando que prioriza amenazas a la seguridad nacional, aunque cualquier migrante en situación irregular detectado en estos operativos puede ser deportado. Con esta medida, la administración Trump refuerza su política de mano dura contra la inmigración.
