El segundo mandato de Trump bajo la lupa judicial
Los primeros 100 días de Donald Trump en su segundo mandato han sido marcados por una serie de órdenes ejecutivas destinadas a reducir el gasto público, fortalecer las políticas migratorias y revertir medidas de diversidad bajo la administración Biden. Con más de 150 órdenes firmadas, el presidente ha buscado implementar su agenda rápidamente, aunque su enfoque ha desencadenado una ola de demandas legales que cuestionan la constitucionalidad de sus acciones. Las cortes federales se han visto invadidas por una serie de audiencias y apelaciones, lo que podría llevar a un choque significativo sobre el poder del presidente bajo el Artículo II de la Constitución.
Los críticos acusan a Trump de utilizar su poder ejecutivo de manera acelerada para eludir al Congreso y aumentar la influencia del poder ejecutivo, lo que, según ellos, pone en riesgo las protecciones fundamentales de la democracia, como el debido proceso. La administración ha sido especialmente criticada por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y por sus políticas sobre la ciudadanía por nacimiento, que han generado controversia en varios tribunales. A pesar de las amenazas de desacato por parte de jueces federales, Trump ha defendido su postura, afirmando que no desafiará a la Corte Suprema.
Mientras los tribunales se preparan para analizar varios casos importantes, la Casa Blanca ha intensificado sus críticas a los jueces que considera “activistas”. Trump ha respaldado la idea de acelerar su agenda antes de las elecciones intermedias de 2026, conscientes de que un cambio en el Congreso podría dar paso a investigaciones y juicios políticos. La administración ha dejado claro que seguirá enfrentando las impugnaciones legales, mientras la Corte Suprema comenzará a revisar los casos más relevantes en mayo.
