El gobierno de EE.UU. y grupos de derechos civiles se enfrentarán en los tribunales por el uso de la base de Guantánamo para retener a migrantes con órdenes de deportación. Dos demandas presentadas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegan que las autoridades han violado la Constitución al negar acceso a representación legal y trasladar migrantes sin autorización. La audiencia se celebrará el viernes en un Tribunal de Distrito en Washington.
Funcionarios del DHS han rechazado las acusaciones, calificando las demandas de “infundadas” y criticando a los activistas por, según ellos, obstaculizar la seguridad pública. La administración Trump planteó el uso de Guantánamo para deportaciones masivas, con la secretaria del DHS, Kristi Noem, asegurando que allí se retendría a “lo peor de lo peor”. Aunque el plan inicial preveía albergar hasta 30.000 migrantes, la capacidad real ha sido mucho menor.
Desde febrero, EE.UU. ha enviado a la base a migrantes considerados de “alta amenaza”, junto con otros detenidos en instalaciones temporales. En su punto más alto, albergó a 200 personas, muchas de ellas deportadas a Honduras y Venezuela. La semana pasada, los 40 migrantes restantes fueron trasladados a Luisiana, dejando en el aire el futuro de la política migratoria en la polémica base naval.
