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Más de 20 grupos religiosos en Estados Unidos han demandado a la administración Trump por una controvertida política migratoria que permite redadas en lugares de culto. Entre los demandantes se encuentran denominaciones cristianas y judías como la Iglesia Episcopal y la Unión para el Judaísmo Reformista, que argumentan que estas medidas infringen su libertad religiosa y fomentan el temor en sus comunidades. La demanda fue presentada en un tribunal federal en Washington.
La acción legal sostiene que la nueva política disuade a los inmigrantes de participar en servicios religiosos y programas comunitarios esenciales, como bancos de alimentos y refugios. Según los demandantes, las redadas vulneran los principios éticos de los centros de culto y dificultan su labor de asistencia a inmigrantes, tanto documentados como indocumentados. Desde la administración Trump no hubo una respuesta inmediata, pero un memorando previo del Departamento de Justicia justificó estas acciones bajo la premisa de un cumplimiento migratorio necesario.
Organizaciones involucradas en la demanda representan a millones de fieles en todo el país, incluyendo episcopales, metodistas y bautistas. Según sus líderes, el miedo generado está transformando las dinámicas de sus comunidades, con menos asistencia a los templos y un incremento de los servicios en línea. Sin embargo, opositores de la demanda aseguran que los lugares de culto no deberían ser refugios para quienes infringen la ley, calificando estas preocupaciones como exageradas.
