Miles de inmigrantes centroamericanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) están en vilo ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos cancele el programa. Con fechas de vencimiento previstas para julio, hondureños y nicaragüenses temen que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no renueve la medida, tal como ocurrió recientemente con venezolanos y haitianos.
Mardoel Hernández, miembro de la Alianza Nacional del TPS, advirtió que ven señales preocupantes en las decisiones de la administración Trump, que ya canceló el programa en 2018 para varios países, incluidos El Salvador, Haití y Nepal.
El TPS para Honduras y Nicaragua expira el 5 de julio, tras una prórroga de 18 meses concedida en enero. En Estados Unidos, unos 56.000 hondureños y 5.000 nicaragüenses dependen de este beneficio para permanecer legalmente en el país.
Según las normas, el DHS debe anunciar cualquier cambio al menos 60 días antes de la fecha de vencimiento, lo que significa que los afectados podrían conocer su destino en mayo. La medida fue otorgada originalmente en 1999 tras el paso del huracán Mitch, que dejó graves daños en ambos países.
Las recientes cancelaciones han generado mayor incertidumbre. A principios de febrero, el DHS eliminó el TPS para 348.000 venezolanos, argumentando que la situación en su país ha mejorado en términos de seguridad, salud y economía.
Además, el beneficio expirará el 3 de agosto para 521.000 haitianos, con el argumento de que el programa ha sido “explotado y abusado” durante décadas. Mientras tanto, miles de inmigrantes centroamericanos esperan con incertidumbre una decisión que podría cambiar sus vidas.
