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El Gobierno de Donald Trump puso en marcha este martes el inicio de las redadas migratorias a nivel nacional, cumpliendo con una de las principales promesas de su segundo mandato. Tom Homan, designado como el nuevo “zar de la frontera”, anunció que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ya están desplegados con la instrucción de “aplicar la ley como se debe”.
Según declaraciones de Homan a la cadena Fox News, las redadas se centrarán inicialmente en personas consideradas una amenaza para la seguridad pública, pero enfatizó que “nadie está fuera de consideración”. El enfoque se ha endurecido con la eliminación de restricciones implementadas durante el Gobierno de Joe Biden, lo que permitirá que los operativos se lleven a cabo incluso en hospitales, iglesias y escuelas, lugares que anteriormente eran considerados zonas protegidas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) confirmó que tanto ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen ahora mayor autoridad para aplicar las leyes migratorias. En un comunicado, el DHS señaló que estas medidas buscan garantizar que “los criminales no puedan esconderse en espacios considerados seguros para evitar el arresto”.
Aunque la Administración Biden registró más deportaciones que el primer mandato de Trump, el nuevo Gobierno ha señalado que esas cifras no reflejan, según ellos, un esfuerzo suficiente. Trump ha prometido realizar el “programa de deportaciones masivas más grande en la historia de Estados Unidos”, destacando que ahora las prioridades incluyen detener a cualquier persona sin estatus migratorio legal en el país.
Esta política ha generado controversia, especialmente por la inclusión de lugares sensibles como escuelas y hospitales en los operativos migratorios, lo que ha suscitado críticas de defensores de los derechos humanos y organizaciones comunitarias.