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Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han comenzado a instalar un complejo de tiendas de campaña en la bahía de Guantánamo, Cuba, para albergar a miles de migrantes. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por una falta de coordinación entre agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Defensa (DOD).
Hasta ahora, se han trasladado 98 personas en siete vuelos militares, pero aún no está claro cómo se decidirá quién será enviado ni cuánto tiempo permanecerán allí.
Las instalaciones están diseñadas para alojar hasta 30.000 personas, incluyendo presuntos miembros de pandillas y migrantes con antecedentes legales. Mientras los detenidos de mayor riesgo son enviados a la prisión de máxima seguridad de la base, otros con órdenes de deportación definitiva son ubicados en un centro migratorio separado. No obstante, defensores de los derechos humanos critican la falta de acceso legal para los detenidos.
La ausencia de un plan claro sobre la custodia y seguridad en Guantánamo ha generado tensiones entre las agencias involucradas. Aunque el ICE fue señalado como responsable de las instalaciones, enfrenta limitaciones de recursos, mientras que el DOD podría asumir más funciones de seguridad.
Este escenario plantea inquietudes sobre la posible militarización del manejo migratorio y la legalidad de las detenciones prolongadas en suelo extranjero. Los expertos advierten que la improvisación podría tener consecuencias graves.
