En la última década, cientos de millares de bebés han obtenido la ciudadanía estadounidense al nacer, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución que el presidente Donald Trump busca eliminar. Desde su regreso a la contienda política, ha insistido en revocar este principio mediante un decreto ejecutivo, lo que ha desatado una fuerte batalla legal que ha llegado hasta la Corte Suprema.
Si su propuesta supera los desafíos judiciales, no afectaría a quienes ya son ciudadanos, pero podría privar de la nacionalidad a millares de niños nacidos de padres inmigrantes en el futuro. Las cifras demuestran el impacto potencial de la medida.
Entre 2013 y 2024, un promedio de 860.000 bebés nacieron cada año de madres extranjeras en EE.UU., según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Más de 150.000 de estos niños son hijos de padres sin estatus legal y, de implementarse el cambio, podrían quedar sin ciudadanía ni acceder a derechos básicos como educación o atención médica.
Además, al no tener otra nacionalidad garantizada, muchos podrían convertirse en apátridas, en un limbo legal sin certezas sobre su futuro. Las organizaciones de derechos civiles advierten que la eliminación de este derecho podría generar una crisis de identidad y exclusión social a gran escala.
El debate ha generado incertidumbre entre familias inmigrantes, como el caso de Mónica, una médica venezolana en Carolina del Sur que está a punto de dar a luz y teme que su hijo no obtenga la ciudadanía. “No entiendo cómo es posible que mi hijo pueda ser tratado de manera diferente a otros niños”, dice.
Mientras más de 20 estados han demandado al gobierno argumentando que Trump no tiene autoridad para cambiar una enmienda constitucional, grupos de derechos civiles y futuros padres también han presentado recursos legales.
El resultado de esta disputa podría redefinir el concepto de ciudadanía en EE. UU., afectando a generaciones de inmigrantes y planteando nuevos desafíos legales y humanitarios en el país.
