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Panamá negó haber violado leyes internacionales en el manejo de migrantes deportados desde Estados Unidos y defendió su decisión de trasladar a algunos de ellos hacia el Darién. Según el gobierno, la medida busca evitar un colapso en las rutas migratorias de Centroamérica y garantizar un flujo más ordenado.
Las autoridades panameñas aseguraron que la decisión responde a un principio de reciprocidad con EE.UU. y que se está actuando dentro del marco legal. Además, explicaron que el proceso se lleva a cabo en coordinación con otros países de la región para minimizar el impacto en las comunidades locales y en la seguridad fronteriza.
El gobierno reafirmó su compromiso con los derechos humanos de los migrantes y aseguró que todas las personas deportadas reciben asistencia humanitaria antes de su traslado. Sin embargo, la medida ha generado críticas de organizaciones internacionales, que advierten sobre los riesgos que enfrentan los migrantes en la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas de la región.
