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El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para rastrear y detener inmigrantes indocumentados en EE.UU., centrándose en ciudades santuario como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han realizado operativos en vecindarios y lugares de trabajo, generando críticas de activistas y funcionarios locales. En algunos casos, los agentes han sido captados en video fuera de viviendas, mientras organizaciones comunitarias intentan alertar a los residentes sobre su presencia.
Además de las redadas, la administración ha lanzado una base de datos para recopilar información de inmigrantes que no figuran en registros oficiales. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió sobre posibles sanciones penales para quienes no proporcionen sus datos, aunque expertos legales cuestionan la viabilidad de esta medida.
Paralelamente, el gobierno ha incrementado el uso de información de agencias fiscales y empresas privadas para identificar y rastrear a migrantes sin estatus legal.
Las tácticas de ICE han generado preocupación entre defensores de derechos humanos, especialmente ante la posibilidad de incursiones en escuelas e iglesias. Aunque la política oficial evita operativos en estos espacios, el “zar de la frontera”, Tom Homan, ha sugerido que podrían realizarse si se identifican amenazas a la seguridad.
Con un enfoque cada vez más agresivo, el gobierno de Trump busca ampliar sus objetivos y reforzar la presencia de ICE en todo el país.
