Tensión legal por deportaciones exprés
Una jueza federal en Pensilvania validó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump para deportar a migrantes venezolanos acusados de vínculos con el Tren de Aragua. La magistrada Stephanie Haines, designada por Trump, consideró que la proclamación presidencial de este año está en línea con la ley de 1798, pese a que otros tribunales, incluso con jueces también nombrados por el mandatario, han cuestionado su aplicación en este contexto migratorio.
El fallo de Haines crea un conflicto entre tribunales federales que podría terminar en la Corte Suprema, tal como ya ha solicitado el gobierno. Aunque respaldó el fondo de la medida, la jueza ordenó al Gobierno dar un mayor margen de respuesta a los migrantes detenidos, al considerar que el aviso de apenas 12 horas para impugnar su deportación es insuficiente. Por ello, dictó que los afectados deben recibir un plazo de 21 días, con información clara en inglés y español, antes de su expulsión.
El distrito de Haines alberga uno de los principales centros de detención migratoria del noreste del país, por lo que su decisión tiene un impacto inmediato. El caso fue presentado por la ACLU en representación de un venezolano detenido en Pensilvania, identificado como A.S.R., cuyos abogados ya anunciaron que apelarán el fallo. La jueza había bloqueado previamente las deportaciones en esa jurisdicción mientras analizaba el caso.
