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El presidente Donald Trump ha anunciado su intención de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar la deportación masiva de inmigrantes, en especial aquellos vinculados a organizaciones criminales. Según el mandatario, esta medida le otorgará al gobierno una autoridad sin precedentes para expulsar a sospechosos de pandillas y cárteles.
La ley, aprobada durante la presidencia de John Adams en un contexto de posible guerra con Francia, permite al Ejecutivo actuar contra ciudadanos de países hostiles en tiempos de conflicto.
Sin embargo, expertos legales advierten que el uso de esta norma en la actualidad podría enfrentar desafíos judiciales. La legislación establece que solo puede aplicarse si Estados Unidos está en guerra o ha sufrido una invasión por parte de un gobierno extranjero, circunstancias que no se cumplen actualmente.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles ya han señalado que cualquier intento de aplicar esta medida sería un abuso de poder.
Trump ha defendido su propuesta argumentando que las leyes actuales son insuficientes para frenar la inmigración irregular y el crimen organizado.
Su gobierno ya ha designado al Tren de Aragua como una organización terrorista y busca ampliar esta clasificación a otros grupos delictivos. No obstante, los críticos consideran que esta estrategia busca eludir las leyes migratorias vigentes y que su implementación podría desencadenar una batalla legal sin precedentes en los tribunales.
