Más de 530.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua enfrentan un futuro incierto tras la revocación del “parole” humanitario por parte del gobierno de Donald Trump.
La medida, anunciada el martes por la Casa Blanca, deja a miles de personas en riesgo de deportación a partir del 24 de abril.
Este programa había permitido a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en EE. UU., siempre que contaran con un patrocinador.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión afirmando que el programa no cumplía sus objetivos y generaba demoras en el sistema migratorio.
Según datos oficiales, unas 75.000 solicitudes de asilo fueron presentadas por beneficiarios del “parole”, contribuyendo al colapso de las cortes de inmigración, que acumulan más de 3,6 millones de casos pendientes.
La Casa Blanca argumentó que la medida busca restaurar el orden y reforzar la seguridad fronteriza.
Ante este panorama, los migrantes se enfrentan a opciones limitadas. La abogada María Trina Burgos recomienda buscar asesoría legal antes de tomar decisiones apresuradas, ya que aún existen alternativas como el asilo o ajustes de estatus.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos migratorios preparan posibles demandas para frenar la decisión. Sin embargo, la incertidumbre crece entre quienes confiaban en este programa para su estabilidad en EE. UU.
