Cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en EE. UU. enfrentan la posibilidad de deportación tras el fin del programa humanitario CHNV.
La medida, cancelada por el gobierno de Donald Trump, otorga un plazo hasta el 24 de abril para que regularicen su estatus o abandonen el país. Más de 500.000 personas podrían verse afectadas, ya que la administración considera que la flexibilización migratoria de Biden excedió los límites legales.
Ante esta situación, abogados de inmigración recomiendan explorar alternativas como el asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos, o la Ley de Ajuste Cubano para ciudadanos de la isla. Sin embargo, expertos advierten que el gobierno de Trump ha endurecido los procesos y que las solicitudes recientes de asilo están siendo tramitadas rápidamente, lo que podría aumentar las denegaciones y acelerar deportaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional podría aplicar deportaciones exprés a quienes lleven menos de dos años en el país. También se teme que presionen a los migrantes a salir voluntariamente para evitar procesos legales prolongados.
En medio de este escenario incierto, especialistas instan a los afectados a buscar asesoría legal de inmediato para evaluar sus opciones y evitar riesgos innecesarios.
