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Organizaciones defensoras de migrantes en Estados Unidos han emitido una alerta frente al creciente número de estafas realizadas por falsos abogados de inmigración. Estas personas, sin certificación legal, ofrecen servicios fraudulentos a cambio de altas sumas de dinero, prometiendo resolver trámites que nunca se concretan.
En muchos casos, las víctimas son migrantes en situación vulnerable que, ante la presión de políticas migratorias estrictas, toman decisiones desesperadas.
Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC), denunció que este tipo de fraude ha existido por años, pero los casos se han disparado recientemente. “Esto ha sido un problema antes de Trump, pero ahora vemos muchos más casos debido a la desesperación de la gente”, señaló Kennedy, quien añadió que su organización impulsa leyes para sancionar con mayor severidad estos delitos. Las cifras son alarmantes: con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos y otras nacionalidades, cientos de miles de migrantes están en riesgo de caer en estas trampas.
Abogados especializados como Héctor Benítez insisten en la importancia de verificar las credenciales legales de cualquier supuesto profesional antes de contratarlo. Además, recomiendan desconfiar de quienes garantizan resultados o exigen pagos en efectivo sin emitir recibos. Organismos como el Florida Bar investigan estas prácticas, pero Kennedy advierte que los recursos son insuficientes.
Entre las propuestas para combatir este problema están la creación de una base de datos pública para verificar autorizaciones y obligar a consultores de inmigración a aclarar que no son abogados. Mientras tanto, las organizaciones continúan haciendo un llamado a la comunidad migrante para que busquen asesoría confiable y eviten ser víctimas de estas estafas.
