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El Salvador aceptará recibir a deportados de cualquier nacionalidad y albergar a criminales violentos provenientes de Estados Unidos, según lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este lunes. El acuerdo, alcanzado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, busca fortalecer las políticas migratorias de la administración Trump y ha generado alarma entre defensores de derechos humanos debido a su carácter inédito y a posibles conflictos legales.
El pacto incluye la posibilidad de trasladar a miembros de pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua a cárceles salvadoreñas, además de aceptar a criminales estadounidenses convictos. Bukele confirmó el acuerdo y propuso que los reclusos se alojen en el Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT) a cambio de un pago por parte de Estados Unidos. Aunque el mandatario destacó los beneficios económicos para su sistema penitenciario, expertos y críticos advierten que estas medidas podrían violar derechos internacionales y enfrentar desafíos legales significativos.
La comunidad internacional ha mostrado reacciones divididas. Mientras aliados de Trump celebraron el anuncio, grupos de derechos humanos y figuras políticas en El Salvador expresaron su preocupación por las condiciones penitenciarias del país, calificadas de inhumanas. Líderes opositores cuestionaron la dignidad del acuerdo, argumentando que trata a los deportados como mercancía, y alertaron sobre los riesgos de estas medidas en regímenes autoritarios.