El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC escuchará este lunes los argumentos orales sobre la legalidad de las deportaciones de ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo una antigua ley de tiempos de guerra.
La administración Trump intentó invocar una normativa de 1798 para justificar la expulsión de presuntos miembros del Tren de Aragua, lo que generó una fuerte disputa legal. Sin embargo, el juez James Boasberg emitió una orden bloqueando estas deportaciones, luego de que un vuelo con migrantes aterrizara en El Salvador pese a su prohibición.
El Departamento de Justicia ha argumentado que el tribunal de distrito está extralimitando su autoridad al exigir detalles sobre los vuelos y su justificación legal. Según la administración, divulgar esa información comprometería la seguridad nacional, por lo que evalúa invocar la Ley de Secretos de Estado. Boasberg, por su parte, criticó la falta de transparencia del gobierno, señalando que ha evadido sus obligaciones de presentar datos clave sobre las deportaciones.
Las tensiones aumentaron después de que el gobierno incumpliera reiteradamente los plazos judiciales para entregar información. En su última orden, Boasberg exigió que los funcionarios detallen cómo se llevaron a cabo las deportaciones y cuántas personas fueron trasladadas.
La Casa Blanca no ha emitido comentarios, mientras el tribunal se prepara para una audiencia clave que podría definir el futuro de estas repatriaciones.
