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La Base Naval de Guantánamo alberga actualmente a 68 inmigrantes clasificados como “alta amenaza” por las autoridades estadounidenses, en el marco de un operativo para agilizar las deportaciones. El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, informó al Senado sobre la cifra actualizada, aunque evitó precisar los costos del programa.
La administración busca ampliar la capacidad de detención hasta 30.000 personas no violentas, pero asegura que el proceso será gradual y sujeto al flujo migratorio.
Los detenidos han sido trasladados en al menos cinco vuelos militares desde territorio estadounidense, con cada avión transportando entre 10 y 15 personas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, supervisó la última operación y describió a los inmigrantes como “asesinos y pandilleros viciosos” de Venezuela, asegurando que todos han recibido órdenes finales de deportación. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha publicado detalles oficiales sobre las acusaciones específicas contra ellos.
Grupos defensores de derechos humanos, como la ACLU, han demandado al gobierno alegando que los detenidos no tienen acceso adecuado a representación legal. Una de las demandantes, Eucaris Carolina Gómez Lugo, afirmó que descubrió la reclusión de su hermano en Guantánamo al ver una fotografía suya. Noem ha negado las acusaciones, asegurando que existen vías de comunicación para los detenidos, mientras el debate sobre la legalidad del programa sigue escalando en los tribunales.
