Estados Unidos trasladó a 40 migrantes retenidos en la Base Naval de Guantánamo hacia Luisiana, incluidos 23 considerados “altamente peligrosos”, según fuentes del gobierno de Donald Trump.
La operación, ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), forma parte de la política de reforzar la seguridad fronteriza y acelerar deportaciones. Autoridades han vinculado a algunos de los detenidos con la pandilla Tren de Aragua y delitos como homicidio, tráfico de armas y drogas.
Desde enero, la administración Trump utilizó la base para albergar a migrantes en espera de deportación, llegando a retener hasta 200 personas. A finales de febrero, 177 fueron enviados a Honduras y posteriormente trasladados a Venezuela. Mientras tanto, organizaciones como la ACLU han presentado demandas alegando que los traslados violan derechos legales y han impedido el contacto con familiares y abogados, acusaciones que el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado.
Funcionarios de la Casa Blanca defienden la medida como un esfuerzo para proteger la seguridad nacional. “Guantánamo es el lugar ideal para los peores delincuentes”, afirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Sin embargo, el futuro de la política migratoria sigue siendo un punto de controversia mientras el gobierno enfrenta desafíos legales y presiones de grupos defensores de derechos humanos.
