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Legisladores republicanos en más de 20 estados han presentado medidas para castigar a funcionarios locales que no cooperen con las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Las propuestas incluyen multas, demandas e incluso penas de cárcel para alcaldes y concejales que mantengan políticas de santuario, desafiando las directrices federales contra la inmigración indocumentada.
En Georgia, una nueva legislación permitiría a ciudadanos demandar a funcionarios por no cumplir con la prohibición de santuario.
En Luisiana, la fiscal general demandó a la policía de Nueva Orleans por presuntamente obstaculizar detenciones de inmigrantes. Otros estados como Florida y Tennessee han aprobado leyes que imponen sanciones económicas y hasta seis años de prisión para quienes adopten políticas que limiten la cooperación con ICE.
En Wyoming, aunque no existen jurisdicciones santuario, se impulsa una ley preventiva que castigaría con hasta diez años de cárcel y multas de 20.000 dólares a funcionarios que se opongan a la aplicación de normas federales de inmigración.
Mientras tanto, en Nueva Hampshire avanzan proyectos para demandar a gobiernos locales y reducir su financiamiento estatal si bloquean la colaboración con las autoridades migratorias.
