El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado sanciones contra abogados y firmas que interpongan demandas contra sus medidas migratorias.
En un memorando publicado por la Casa Blanca, acusa a estos juristas de fomentar un “fraude desenfrenado” en el sistema migratorio y ordena al Departamento de Justicia que castigue cualquier conducta que considere indebida. Además, exige la revocación de credenciales y contratos gubernamentales para los bufetes que desafíen sus políticas.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) condenó la medida, señalando que es un intento de “silenciar” a quienes exigen responsabilidades al Gobierno.
Cecillia Wang, directora legal de la organización, calificó la orden como “un paso más” en el desmantelamiento del Estado de derecho y una amenaza a los principios democráticos. Actualmente, Trump enfrenta más de un centenar de demandas en tribunales federales, muchas relacionadas con sus restricciones migratorias.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha gobernado con órdenes ejecutivas que han chocado con el poder judicial. Recientemente, un juez bloqueó su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados.
Con esta nueva ofensiva, la tensión entre la administración y el sistema judicial sigue en aumento, mientras organizaciones de derechos civiles prometen seguir desafiando sus políticas en los tribunales.
