El gobierno de Donald Trump ha invocado el privilegio de secretos de Estado para evitar revelar información sobre los vuelos de deportación llevados a cabo este mes. La medida responde a la investigación del juez federal James Boasberg, quien busca determinar si la administración desobedeció órdenes judiciales que bloqueaban deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Funcionarios del Departamento de Justicia afirmaron que divulgar estos datos afectaría la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas.
El juez ordenó que cualquier vuelo con deportados bajo esta directiva regresara de inmediato, pero dos aviones continuaron su trayecto el 15 de marzo. Boasberg pidió detalles sobre los horarios exactos de despegue y la entrega de los deportados, pero el Departamento de Justicia rechazó la solicitud, insistiendo en que el tribunal ya cuenta con la información suficiente para resolver el caso.
Además, altos funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, argumentaron que compartir estos datos dañaría la cooperación con socios extranjeros.
En su declaración, Rubio señaló que la divulgación comprometería operaciones antiterroristas, ya que aliados internacionales serían menos propensos a colaborar si existiera riesgo de filtraciones. A pesar de la presión judicial, la administración Trump mantiene su postura, asegurando que no violó ninguna orden y que la información solicitada carece de relevancia legal. La disputa sigue abierta, con el juez evaluando si el reclamo de privilegio es legítimo.
